La reforma con F de Fascismo

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) nos plantea una oportunidad interesante para realizar de manera individual y respondiendo a la responsabilidad que se encuentra implícita en la frase: ser ciudadano, -un análisis- al cual le podemos dar muchísimo enfoques, en diferentes espacios temporales, geográficos y políticos. 

Yo me permitiré empezar por el cacicazgo ejercido por el infame J. Edgar Hoover al frente del FBI y sobre un programa de vigilancia civil bastante siniestro llamado COINTELPRO (Programa de Contrainteligencia) que fue ejecutado del año 1956 a 1971. Interesante periodo de gestación de dicho programa así de memoria fue usado activamente en la lucha por los derechos de la población afroamericana (léase sobre Black Panther Party), los movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam y aquel masivo levantamiento mundial estudiantil contra la represión gubernamental y políticas armamentistas. A nivel local, seguramente en EEUU estuvieron "vigilantes" de muchos otros acontecimientos.

Las operaciones emprendidas con el COINTELPRO, cabe resaltar no empezaron con éste, y que además se reconoce actualmente que la mayoría eran ilegales, son las siguientes: operaciones encubiertas, vigilancia, infiltración, desacreditación y perturbación del desarrollo de organizaciones civiles y políticas. Sus métodos eran diversos; infiltración en los movimientos para recolección de información y reclutamiento de informantes, además su mera presencia menoscababa la confianza entre los miembros activos y los potenciales; guerra psicológica exterior haciendo uso de herramientas mediáticas como publicaciones, panfletos, papers y spots televisivos que apuntaran directamente a una organización para desacreditarla públicamente, llamadas y cartas anónimas con tonos agresivos y amenazantes, divulgaban información errónea y falsa sobre los mítines además de crear seudo movimientos cuyos fundadores eran agentes del FBI encubiertos; abuso a través del sistema legal, creando leyes e impuestos que afectaran únicamente a los movimientos “disidentes”, usaron ésta y otras tretas legales de intimidación y por último echaron mano de la violencia y fuerza "extralegal", coludidos con las fuerzas policiales locales y estatales para amenazar directa y verbalmente a los "disidentes", realizar cateos ilegales en las casas de activistas, organizar acciones vandálicas, asaltos y asesinatos contra los integrantes de movimientos políticos y civiles.

Aunque el programa fue cesado oficialmente en 1971 las tácticas empleadas por el COINTELPRO se siguieron implementando, cuando menos, dos décadas más. Durante la administración Reagan cuando creó las directrices de contraterrorismo, muchos alegaron que sería el retorno de las tácticas COINTELPRO. De hecho, hubo quienes sostenían que habían sido infiltrados y vigilados por el FBI.

Menuda comparación y extrapolación podríamos hacer con las nuevas facultades que ambicionan otorgarle, a través de esta reforma, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Y no es porque no se estén implementando tácticas de Contrainteligencia Civil, eufemismo utilizado en la reforma, ya que sería pecar de ingenuos pensar lo contrario. Actualmente estas actividades se encuentran restringidas por las asignaciones presupuestales debido a que no están contempladas en su marco normativo y operativo; entonces para realizar sus actividades de vigilancia civil se valen de métodos de contabilidad “creativa”, limitando así su alcance y número de operaciones activas. Pero, y éste es un pero muy grande, si se lograse la reforma la LSN, el congreso estaría creando una necesidad adyacente de carácter económico y que obligaría el diseño de paquetes presupuestales que respondieran de manera proporcional a las nuevas facultades adquiridas por el CISEN. Esto abre un abanico de posibles operaciones de vigilancia civil, encauzadas a grupos que defiendan los derechos humanos y/o laborales, asociaciones sindicales (léase SME y similares), infiltración en grupos civiles y minorías sociales que sean abiertamente opositares al gobierno, ejército y políticas neoliberales de empobrecimiento nacional.

Los derechos humanos y la tortura en México (1970-1980)

Leyendo los reportes desclasificados de la Embajada de los EEUU en México (1974-1975) sobre los derechos humanos, es cuanto menos curioso percibir el tono de los términos empleados para describir los grupos guerrilleros, campesinos y de izquierda del país, que luchaban contra la opresión gubernamental, encuadrándolos, armónicos a la doctrina bushiana, en el concepto pernicioso de terroristas, apreciación nada ajena en la reforma a la LSN. Cuando uno recurre a los documentos de Amnistía Internacional (AI) sobre la tortura en México nos otorga un panorama más preciso y detallado. Aborda la intimidación hacia grupos civiles y periodistas de izquierda y la tortura como táctica recurrente contra los grupos de oposición integrados en su mayoría por campesinos, sindicalistas e indígenas. Describiendo los métodos variados de tortura, como: golpizas brutales y repetidas, inmersión en agua, introducción de agua carbonatada en las fosas nasales¸ aplicación de descargas eléctricas en las zonas más sensibles del cuerpo (por ejemplo los testículos), quemaduras con cigarrillos, violación y abuso sexual. La mayoría de las denuncias en aquel momento eran contra la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La primera se caracterizaba por policías vestidos de civiles con su centro de operaciones en la Ciudad de México, su principal actividad era secuestrar ilegalmente a quienes se sospechaba como militantes políticos de oposición. La DFS, además de lo descrito en el libro de Anabel Hernández «Los señores del narco», el reporte de AI señala que miembros tanto de la DIPD como de la DFS, formaron un grupo paramilitar conocido como La Brigada Blanca, la cual era acusada por grupos de  derechos humanos en México de ser los directamente responsables en la “desaparición” de más de 500 personas en un lapso de 10 años. En enero de 1983 con la llegada al ejecutivo de Miguel de la Madrid, anunció la disolución de la DIPD, los 1.500 agentes de esta división fueron reasignados en la Policía Judicial Federal y la Policía Judicial del Distrito Federal, Amnistía Internacional posteriormente siguió recibiendo denuncias de abusos y secuestros de amabas corporaciones.

De la simulación al Estado de Excepción de facto.

Si bien gran parte del territorio nacional está inmerso en un virtual Estado de Excepción con bajas que superan la cifra de 35.000 muertos. Este nuevo esfuerzo por parte de las fuerzas militares del país, coaccionando a la putrefacta clase política del PRI. Dirían coloquialmente le propinaron un apretón de huevos al partido tricolor, descrito de forma más elegante y precisa por la periodista Jesusa Cervantes de Proceso, coloco un extracto de su artículo:

A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.

Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.

El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.

Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.

Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.

A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.

El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.

Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.

Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.

Además de la visible claudicación de la clase política mexicana ante los chantajes verde olivo, vemos el inminente resultado de la corrupción y complicidad de los funcionarios públicos y con esto, el surgimiento y manipulación frontal de la política profunda sumiendo al país de manera definitiva y columbrando la demostración plena de un Estado Profundo.

Al pasar de lo virtual a un Estado de Excepción de facto, veríamos jefes militares impulsando políticas intervencionistas y enfocadas a la militarización de zonas urbanas de interés estratégico y peso económico. Directores del servicio de inteligencia nacional ganando terreno y poder aberrantemente en el estado mexicano dirigiendo los recursos de su agencia discrecionalmente enfocados a intereses particulares, económicos y políticos. Haciendo infinitamente más difícil la depuración de nuestras instituciones de gobierno así como las electorales. Y no es que nada de esto no se esté viviendo actualmente, simplemente se experimentarían los ataques de manera frontal hacia los grupos “agitadores de la paz y tranquilidad social”, sin tapujos ni simulaciones. En nuestras calles estarían deambulando egresados de la Escuela delas Américas rodeados de ejércitos particulares como el de Xe Services (léase Blackwater) ayudados con otra siniestra reforma calderonista como la Ley de APP que formalizaría las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución (..) [sic].

Si todo lo anterior no fuera suficiente para denostar nuestra calidad de ciudadanos y sociedad, en la rapiña política no podía faltar el aire entreguista de nuestra soberanía en sus reformas como lo expone el reescrito artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional:

VII. Establecer sistemas de cooperación con instituciones extranjeras homólogas, que contribuyan al cumplimiento de su objeto y al ejercicio de sus atribuciones conforme a las leyes aplicables [sic].

Con eso ya podríamos considerarnos en el selecto grupo integrado por Australia, Canadá, Nueva Zelandia, Gran Bretaña y Estados Unidos en su red SIGINT (léase Echelon) y México de encontrarse en una zona neutra del control de información en internet pasaríamos a la zona roja con alto control de información. Nuestros datos personales y crediticios bien podrían ser manejados por agencias del calibre como la CIA o NSA.

Sin duda se nos presenta un momento importante para la participación ciudadana, que ésta se sacuda la indiferencia y el conformismo, para que haga valer su poder como mayoría contra estos voraces personajes políticos, proclamando en lo alto se haga justicia por la muerte de inocentes, se libere prisioneros políticos y se respete nuestra calidad como seres humanos. Que tomemos conjuntamente por la solapa la chaqueta militar del presidente [de nombre y sin otorgar] gritándole a la cara: ¡Como tu juramento dice: LA NACIÓN TE LO DEMANDA!